Muchos funcionarios nos sentimos profundamente preocupados y afectados por la gravesituación en la que se encuentra el sector ganadero de Castilla y León.

Desgraciadamente se nos ha considerado los culpables de una situación que nunca debió suceder, y es que los políticos, en un acto de la máxima irresponsabilidad, publicaran una ley que hasta el más ignorante sabía que no podía salir adelante. No se puede, de forma unilateral y por la fuerza, saltarse normativas que nos conciernen a todos, porque el resultado desgraciadamente no se ha hecho esperar. Por mucho que los políticos de Castilla y León pretendan ciegamente continuar con el disparate, la legislación hay que cumplirla y tenemos sobre nosotros todas las miradas, tanto del resto del país como de la Comunidad Europea. Y el cierre de nuestros intercambios comerciales ha sido la primera y catastrófica consecuencia.

Lamentablemente este gobierno de Castilla y León ha perdido una magnífica oportunidad para apoyar al campo, como decían que iban a hacer. Y es que desde la Consejería de Agricultura se estaban dando pasos para permitir más facilidades a los ganaderos, y en ese camino se estaban dirigiendo muchas actuaciones, dentro de unos límites ordenados y sin levantar alarmas innecesarias. Y sin poner el peligro un prestigio que tanto nos ha costado conseguir.

Pero sin dar tiempo a que esas medidas fueran desarrollándose, repentinamente sacan una normativa que lo pone todo patas arriba. No sólo por lo mal hecha que está, que da vergüenza leerla, sino porque nos deja en una situación de absoluta incertidumbre e indefensión porque no se sabe lo que hay que hacer y de lo que parece que sí que hay que hacer resulta que va en contra de toda la legislación nacional y comunitaria ¿De verdad cree el sector que eso defiende sus intereses? ¿Que a las bravas se puede imponer algo tan torpe y que el resto de Comunidades lo iban a aceptar? ¿De verdad creen que siendo el centro mediático de toda España e incluso de Europa con esas medidas iban a salir vencedores? Evidentemente no
podía ser, y el siguiente paso es victimizarse, huir hacia adelante y buscar culpables fuera.

Y aquí entra en juego la administración y los funcionarios públicos señalados como los culpables del desatino. Los ganaderos deben saber que la supuesta guerra declarada entre ellos y nosotros, los veterinarios, no es verdad, como interesadamente quieren hacernos creer.

Muchos nos sentimos profundamente apenados y no albergamos ningún afán de enfrentamiento con los ganaderos. Al contrario, deseamos que las aguas vuelvan a su cauce lo antes posible porque somos conscientes de las gravísimas consecuencias.
Que seguiremos estando al servicio de los ganaderos, porque el orden y el buen cumplimiento de las normas no sólo es una imposición, sino también una garantía para todos. Que quizá desconozcan el trabajo de fondo que se desarrolla por los técnicos de la Consejería, pero deben ser conscientes de que de su buen funcionamiento depende que los distintos sectores se desarrollen en un ámbito de legalidad, seguridad y eficacia. Que pedir que se cese a los Jefes responsables empeoraría hasta el infinito la situación porque para que las cosas funcionen se necesitan trabajadores responsables, profesionales y profundamente conocedores de las normativas, muchas y muy complejas, profesionales que para los que no lo sepan, tenemos la suerte de tener. Que pedir ciegamente que rueden cabezas no soluciona
nada, solamente una aparente victoria que solo dejará un rastro posterior de más desolación.

No permitamos que esto ocurra, los profesionales no son tan fácilmente reemplazables y la alternativa quizá sea el nombramiento de títeres al servicio de intereses partidistas que precipitará un deterioro de incalculables consecuencias.