El Consejo General de Colegios Veterinarios de Castilla y León ha manifestado su apoyo al jefe de Sección de Sanidad Animal de Salamanca ante los “continuos ataques y amenazas personales” que viene sufriendo en las últimas semanas por algunos ganaderos, y considera que las críticas al trabajo de los veterinarios tratan de desviar el foco de atención sobre el origen del problema, derivado de erróneas decisiones políticas ante la alta prevalencia de tuberculosis bovina en esta provincia.
El Consejo no oculta su preocupación ante los acontecimientos acaecidos tras la publicación el 15 de mayo de la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que además de tener carencias técnicas y jurídicas contraviene la normativa comunitaria y española en materia de control y erradicación de la tuberculosis bovina, lo que ha llevado a la Comisión Europea a urgir al Gobierno de España a tomar medidas cautelares inmediatas para limitar su puesta en funcionamiento.
“Lamentamos que la atención mediática se centre ahora en los veterinarios, y no en los responsables políticos, como si fuese nuestro colectivo el que ha generado una situación tan insólita. Conviene recordar que los funcionarios, y particularmente los jefes de Sección de Sanidad Animal de las nueve provincias de la Comunidad, en el ejercicio de su deber de cumplimiento del ordenamiento jurídico al margen de influencias e intereses partidistas, están siendo señalados como los causantes de que la resolución no se pueda llevar a cabo y de las graves consecuencias que supone”, destacan desde el Consejo.
ESTATUS SANITARIO
Además de recordar que se está poniendo en riesgo un sector tan estratégico en Castilla y León como el ganadero, el Consejo reconoce el trabajo que realizan tanto los veterinarios destinados en las Unidades Veterinarias distribuidas por todo el territorio como los que se dedican a la clínica y al saneamiento en las propias explotaciones, gracias al cual ha mejorado el estatus sanitario de la cabaña y se protege la salud pública.
En este sentido, tampoco se ha puesto en duda desde el Consejo la profesionalidad, honorabilidad e independencia de los veterinarios clínicos de Salamanca, cuya colaboración también resulta necesaria en las funciones de control y vigilancia de la sanidad animal.
La Constitución Española exige a la Administración pública y al personal que la integra un comportamiento objetivo, imparcial y neutral en el servicio del interés general. Los empleados públicos tienen el deber de cumplir la normativa vigente, pero también la obligación de poner de manifiesto cuando ésta es conculcada, que es lo que se han visto obligados a hacer los jefes de las Secciones de Sanidad Animal de Castilla y León.
PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO
Desde allí se dirigen, gestionan y coordinan a nivel provincial multitud de programas que afectan a todas las especies ganaderas, con numerosas actuaciones sanitarias de importancia esencial tanto para la salud pública como para el control de enfermedades transmisibles entre animales, planes de ayudas y subvenciones, inspecciones… que requieren al frente personal técnico muy cualificado y conocedor de la amplia normativa tanto nacional como comunitaria.
“Sería muy lamentable que la Administración de Castilla y León cediese ante las presiones que está recibiendo, puesto que las consecuencias negativas se extenderían a otras producciones pecuarias que nada tienen que ver con el conflicto generado, agravando así una situación de consecuencias ya nefastas para nuestra comunidad autónoma”, remarcan.
Para concluir, critican que “es inconcebible que se pida la dimisión de una persona que ha desarrollado su trabajo a lo largo de los años de una forma honesta y diligente por el hecho de limitarse a dar cumplimiento al mandato normativo europeo y nacional”.
